Este es el futuro que aguarda a los comercios de Madrid: libertad total de horarios y de aperturas comerciales. La Comunidad de Madrid está cerca de aprobar el texto del anteproyecto de la “Ley de Dinamización del Comercio Minorista” que básicamente permitirá al comerciante abrir 24 horas al día los 365 días del año.

Madrid es desde hace tiempo pionera en las cuestiones referentes a los horarios comerciales y ahora el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre ha dado un paso más en la dirección del no intervencionismo. Con la Ley de Dinamización del Comercio Minorista que está a punto de aprobar dará vía libre a la libertad total de horarios de comercio. De hecho, las primeras líneas del texto son suficientemente esclarecedoras sobre lo que podemos esperar: “Cada comerciante determinará con plena libertad, y sin limitación legal alguna, los horarios, festivos y domingos que abrirá su negocio en la región“.

En su primera versión la libertad de horarios estaba limitada en función de la superficie u los sectores de actividad. Así, sólo las tiendas de menos de 350 metros cuadrados podían abrir todos los días del año, mientras que el resto debían limitarse a 24 festivos. Sin embargo, tras consultar con diferentes fuentes y atender a estudios económicos sobre el impacto de las aperturas en la economía de la región, se decidió eliminar cualquier restricción.

El siguente gráfico, parte del estudio “Libertad Económica en España 2011“, ya situaba a Madrid como la comunidad autónoma con mayor libertad económica. A esto ayuda sin duda su política de horarios comerciales.

Desde la Comunidad estiman que la medida creará cerca de 20.500 puestos de trabajo y que podría suponer un incremento del 0,6% en el PIB de la región. Lo cierto es que en Madrid el número de locales comerciales ha aumentado un 1,6% en los últimos diez años por la caída general del 1,8% en todo España.

Licencia de apertura

La libertad total de horarios comerciales no es la única novedad que plantea la ley que prepara la Comunidad de Madrid. También se incluye una revsión de la concesión de la licencia de apertura para la que sustituirá el permiso de apertura por una declaración de responsabilidad, a la que habrá que añadir la aprobación del proyecto técnico y, por supuesto, la pertinente tasa municipal. De esta forma el comerciante ya no deberá esperar a que el ayuntamiento le conceda la apertura y podrá empezar a operar una vez cumpla con estos tres requisitos.

En este sentido, la declaración de responsabilidad del comerciante no va más allá de la buena fe del mismo en la puesta en marcha del negocio. Después será el ayuntamiento quien deberá comprobar que efectivamente se cumplen con todos los preceptos legales. Y más significativo es que este sistema no sólo se aplicará a los pequeños comercios, sino también a las grandes superficies y otros desarrollos comerciales.

Está previsto que la medida llegue a la Asamblea de Madrid en marzo y que pueda ponerse en marcha en abril.

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Cuando se dejan de crear empresas toman impulso los centros comerciales que por las perspectivas que se dan en los próximos años se espera que se inauguren en España hasta 43 centros comerciales durante los próximos 2 años, lo que también se espera que vaya acompañado de una recuperación del consumo y la economía ya que nadie apuesta por abrir centros comerciales si no hay un avisoramiento de que se recuperará la economía y crecerá el consumo durante el calendario 2012.

Cuando son todos números rojos como la tasa de paro, una luz al fina del túnel se prende siempre que en el medio esta no se apague; se espera que, el sector del gran consumo sea uno de los que impulsen la recuperación, además de crear empleo algo que está asociado ya que si se está en el paro y nada menos que casi 5 millones es lógico que el consumo decaiga fuertemente.

Al abrir o hasta ampliar los centros comerciales permitirá crear empleo y consumo y también ayudará al pequeño comercio, está estipulado que durante los próximos dos ejercicios se abran un máximo de 43 centros comerciales, 20 de ellos se abrirán durante el ejercicio de 2012 y los otros 23 centros comerciales serán en 2013.

Para 2012 en las zonas que se abrirán centros comprenden a los centros de: Puerto Venecia (Zaragoza), Rio Shopping (Valladolid), As Cancelas (Santiago de Compostela) y Faro del Guadiana (Badajoz).

Hay que considerar que con la actual situación en la que se abrieron 12 centros nuevos, además de las 3 ampliaciones que se llevaron adelante, no más que eso y dista de mejorar en los meses que faltan para que acabe el calendario 2011, por lo que la mejoría se dará en los próximos años si la situación de la tasa de paro se reduce y el consumo crece.

Cuando acabe 2011 se registrarán en España 657 centros comerciales, junto a una Superficie Bruta Alquilable (SBA) será de un total de 15,3 millones de metros cuadrados.

Para el calendario 2012 la inversión en compraventa de centros, también registrará un crecimiento también, ya para 2011 será de 500 millones de euros para el cierre del ejercicio de 2011.Sin dudas que los números son muy lejanos a lo que se daba previamente a la crisis y eso que han pasado solo 3 años, ya que medido con lo que se daba antes de la crisis económica cuando la inversión era de 1.500 millones de euros anuales pasarán varios años para igualar tal cifra.

Durante el primer semestre de 2011 la inversión realizada en España llegaba a los 205 millones de euros cuando la inversión total llegó a los 13.600 millones de euros en centros comerciales en toda Europa, en este segmento de inversión llevan la delantera en el ranking de inversión Alemania, Reino Unido o Polonia ya que los grandes fondos de inversión han optado por desembolsar su dinero en esos países viendo que el consumo en España cada vez baja más, cada mes hay menos pymes creadas y el panorama no es el mejor, con la llegada del nuevo gobierno la confianza estaría por vovler en los próximos ejercicios.

Seguramente la creación de empresas crecerá a la par, lo que dará lugar a la recuperación de pymes y proveedores para estos centros comerciales así como el de la construcción.

¿Qué es y para qué sirve un laudo arbitral? De forma resumida, se trata de una resolución que fina un árbitro para resolver un conflicto entre dos partes. Se trata, eso sí, de una solución ajena a poder judicial y que puede ser de gran utilidad para ahorrar costes en disputas con proveedores y clientes.

Existen diferentes formas de dirimir un conflicto entre dos partes, pero cuando ninguna de ellas se pone de acuerdo es cuando deben entra a mediar terceras partes. Se puede llegar a esta situación por la vía legal o recurrir a fórmulas alternativas sin tener, necesariamente, que pisar los tribunales. Una de ellas es mediante el arbitraje, que puede dar lugar a lo que se conoce como un laudo arbitral. Este no es más que la resolución que un árbitro fija cuando existe un conflicto entre dos partes y que tiene carácter vinculante.

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, es la que rige el funcionamiento del arbitraje en España y también los laudos arbitrales. En ella se establece el carácter extrajudicial del arbitraje como procedimiento para resolver conflictos que tengan que ver con empresarios, procesionales, comerciantes e incluso las administraciones públicas. Es decir, que el procedimiento de arbitraje no se puede usar entre particulares.

La mayoría de conflictos pueden someterse a arbitraje, aunque la ley contempla algunas excepciones que deberán resolverse obligatoriamente por la vía judicial y que son en los que se hayan producido lesiones personales, intoxicaciones o el fallecimiento de alguna persona, cuando exista indicio de delito o alguna resolución judicial sobre el hecho que se va a arbitrar, cuando la discusión afecte a materias sobre las que las partes no tengan poder de disposición y cuando la parte reclamante carezca de capacidad de obrar o de representación legal.

El procedimiento de arbitraje

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el arbitraje es un procedimiento voluntario, de forma que la empresa no tiene por qué estar adherida a ninguna junta arbitral. Es decir, la empresa puede acceder o no al procedimiento de arbitraje. Si la empresa no estuviese adherida a la junta arbitral, esta le invitaría a hacerlo, pero sin posibilidad de obligarle y por lo tanto de seguir adelante con el proceso.

En el caso contrario. Si la empresa ya forma parte de una junta arbitral, lo primero será presentar la solicitud de mediación por parte de alguno de los interesados. Tras hacerlo, se nombra un colegio arbitral, que debe incluir a representantes de los consumidores, representantes empresariales y de la administración pública. Cada una de las partes podrá tener audiencia con el colegio para presentar las pruebas que apoyen su versión de los hechos.

El colegio arbitral estudiará los hechos y dictará un laudo arbitral como resolución al conflicto. Conviene no perder de vista que la validez del laudo a efectos de cumplimiento será la misma que la de una sentencia judicial. En caso de no estar de acuerdo cabe la alternativa de recurrir al laudo por la vía judicial ante la Audiencia provincial o el Tribunal Supremo, pero no se podrá reclamar contra el contenido, sino contra defectos de forma, porque hayan surgido nuevas pruebas o se hayan cometido errores en el procedimiento.

La principal ventaja del laudo arbitral y de todo el procedimiento arbitral es que es gratuito. En este sentido, sólo habría que pagar por los informes que pudiesen derivar de las pruebas a presentar.

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Una buena noticia para las pyme en forma de financiación a empresas. El ICO e ICEX han cerrado un acuerdo de colabores para ofrecer apoyo financiero a proyectos de internacionalización por  parte de pymes. La nueva línea ICO se integrará dentro de las actuaciones de la línea ICO Directo y se complementará con la línea ICO-ICEX Liquidez.

El acuerdo de colaboración alcanzado entre el el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) permitirá a las pyme acometer proyectos de internacionalización bajo condiciones preferentes. En concreto, las empresas que soliciten un préstamo ICO de la línea ICO Directo en la modalidad de liquidez podrán beneficiarse de una bonificación del ICEX de un 1% en el tipo de interés.

También podrán acogerse a esta nueva línea de financiación las empresas del Plan de Iniciación a la Promoción Experior (PIPE) o de cualquier otro programa de empresa o proyecto de implantación productiva en el exterior, así como las empresas que, habiendo obtenido el certificado de evaluación positiva del proyecto por parte del ICEX, se hayan quedado sin financiación por limitaciones en el presupuesto de otras ayudas y programas de financiación.

El convenio de colaboración estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012 sin que se haya anunciado ningún límite presupuestario.

Condicios de ICO Directo

Las condiciones de financiación serán las mismas que la de la Línea ICOdirecto, pero adaptadas a proyectos de internacionalización o a potenciar la salida al exterior de la empresa. En este sentido, el importe máximo del préstamo será de 200.000 euros por cliente con un plazo de amortización de tres años y un año de carencia del principal. El tipo de interés será variable y con el euribor a seis meses como índice de referencia, a lo que habrá que sumar  un 4% o 400 puntos básicos.

La revisión del préstamo se hará de forma semestral y los pagos serán mensuales. La comisión de apertura es de un 0,5% sobre el importe total formalizado con un mínimo de 60 euros en caso de que con el porcentaje de comisión no se alcance esa cifra.

Para poder beneficiarse de la ayuda y por lo tanto obtener una bonificación sobre el tipo de interés, los proyectos deberán ser previamente evaluados y aprobados por el ICEX.

Se trata de una buena oportunidad que no deben desaprovechar aquellas pymes que estén planteándose su salida al exterior. En un momento como el actual, donde la financiación escasea, ICO e ICEX ofrecen una alternativa a un coste más que moderado para emprender una aventura comercial fuera de las fronteras nacionales. Teniendo en cuenta las negras perspectivas para la economía nacional y el desplome del consumo, es como para pensárselo. A fin de cuentas, el objetivo de toda empresa es expandirse y nada mejor que abrir nuevos mercados para lograrlo.

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La Ley General Tributaria fija todos los años el interés legal del dinero y con él se calcula además el interés de demora que sirve, entre otras cosas para determinar cuanto habremos de pagar a Hacienda por nuestras deudas tributarias. Además, de forma semestral el Ministerio de Economía deberá publicar el tipo de demora para operaciones comerciales.

Una deuda puede ocasionar un enorme perjuicio a una pyme. De hecho, la morosidad es el principal problema de las pequeñas y mediadas empresas y sin embargo son pocas las que realmente ponen solución al mismo o fijan los mecanismos para establecer un interés en caso de impago o de que el cliente se retrase en los pagos. Por eso, cuando llega el momento de ajustar cuentas deben referirse al interés legal del dinero para pedir una compensación adicional por el retraso.

El interés legal del dinero es el recargo que debe abonarse a modo de indemnización de daños y perjuicios cuando el deudor incurre en mora o retraso culpable de su obligación de pagar, siempre y cuando no se hubiese establecido un tipo de interés diferente, tal y como establece el artículo 1108 del Código Civil. Es decir, que como empresa podemos cubrirnos indicando un tipo de interés mayor para el supuesto de un impago. Actualmente la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero determina la forma en la que se fija el porcentaje a pagar, que se hará a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Para 2011 el interés legal del dinero está fijado en el 4% y la siguiente tabla muestra su evolución (hacer click para agrandar la imagen):

El Interés de demora comercial

Adicionalmente, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fija en su artículo 7 el tipo de interés que debe aplicarse a las operaciones comercial. De nuevo, este interés se aplicará sólo en caso de que ambas partes no hubiesen pactado un tipo diferente. En este caso el porcentaje a aplicar se publicará de forma semestral y el encargado de hacerlo será el Ministerio de Economía y Hacienda a través del BOE.

La siguiente tabla muestra su evolución:

El interés de demora con Hacienda

Existe por último otro interés de demora a aplicar y es el relacionado con las operaciones con la Agencia Tributaria.  Y es que este interés se rige por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, según la cual quienes no paguen a tiempo a Hacienda  deberán hacer frente al pago de intereses por la deuda acumulada, lo que también afecta a la propia AEAT si se retrasa en la devolución de la renta. En este punto conviene recordar que Hacienda dispone de todo el año para practicar la devolución de la renta y sólo deberá abonar los intereses de demora si efectúa el pago más allá del 31 de diciembre del ejercicio en curso. Para la renta 2010 -la que hemos pagado en 2011- no tendrá que sumar el interés de demora tributaria hasta después de finalizar el año. Y es que el plazo legal para ingresar el dinero de la devolución es de seis meses desde que finaliza la campaña de la renta.

En 2011 el tipo de interés de demora tributario está fijado en el 5%, cumpliendo así los preceptos que comenta el organismo regulador. Esta es su evolución:

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El Grupo de Trabajo de Promoción del Consejo de la Competencia (GTPC) considera que la actual regulación de horarios comerciales es “injusta e ineficaz” por no estar los pequeños comercios aprovechando las ventajas competitivas de contar con una mayor libertad horaria en relación a las grandes superficies. Por fin una ayuda al pequeño comerciante que ha visto las grandes superficies han ido ganando terreno con las aperturas de fin de semana, entre otras cosas.

El GTPC ha llevado a cabo una encuesta con ocho autoridades de competencia autonómicas (Andalucia, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana) sobre el impacto de la normativa autonómica en las condiciones de apertura de establecimientos comerciales. Entre sus conclusiones precisan que la actual disposición de hotarios supone “una restricción injustificada a la competencia introducida para favorecer ciertos formatos comerciales, sin que de ello se derive ventaja alguna para los consumidores”.

En este sentido, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) es partidaria de igualar a pequeños comerciantes y grandes superficies. Desde su punto de vista “la regulación administrativa debería limitarse a la determinación de las franjas horarias en las que estaría prohibida la apertura de los grandes establecimientos por causas relativas a la seguridad pública, la contaminación acústica y la limpieza de calles, de forma que la posibilidad de apertura fuera de esas franjas permitiera que los horarios comerciales constituyan un factor adicional de competencia”. En el fondo, como apunta el Consejo Galego do Competencia (CGC) “en relación con los establecimientos comerciales, la regulación aprobada ha intentado que la demanda se ajuste a la oferta, en vez de que la oferta se ajuste a la demanda, lo que resta competitividad al sistema y beneficia a los operadores ya implantados, sin que la competencia pueda jugar su papel reasignación adecuada de los recursos”.

Es decir, que al primar a los pequeños comercios se estaría tratando de desviar al consumidor hacia este tipo de establecimientos cuando lo cierto es que el consumidor lo que demanda es un mayor acceso a las grandes superficies.

¿Aprovecha el pequeño comercio sus ventajas?

A la vista de los datos quizás lo que deberíamos preguntarnos es si realmente la regulación actual beneficia en la práctica al pequeño comerciante o si sólo lo hace en la teoría. El CGC lo tiene claro: “la experiencia muestra que los pequeños establecimientos comerciales no aprovechan en su mayoría la ventaja competitiva que supone el disponer de una mayor libertad horaria que las grandes superficies”. Y lo peor es que pueden estar en lo cierto, aunque lo que ahora lo que toca es determinar por qué no están sacando partido de la que se supone que es su ventaja competitiva.

La primera traba clara para los minoristas es la disponibilidad de recursos humanos. La ‘matemática’ matemática es simple: para abrir más horas hacen falta más empleados o una mayor dedicación por parte del dueño del establecimiento, algo que no siempre es posible. En este sentido no todos los empleados van a estar dispuestos a hacer esas horas extra o simplemente no se dispone de una plantilla tan amplia como para hacer rotaciones.

La segunda cuestión tiene que ver directamente con la rentabilidad. En teoría, abrir más tiempo implica más oportunidades de hacer negocio, pero sólo eso, oportunidades. Nadie nos asegura que vayamos a transformar esa oportunidad en ingresos reales y esto para empresas que tienen que medir con cuidado la rentabilidad de sus acciones puede ser determinante.

La tercera cuestión es quizás la más importante y se refiere directamente a los hábitos de consumo de los ciudadanos. Si el pequeño comercio está ‘de capa caída’ es porque a las grandes superficies hay que sumarle un competidor que en el los últimos años ha ganado terreno y este es el comercio online. Pero competidores al margen, lo que de verdad deben plantearse estos comercios es qué valor añadido pueden ofrecer a sus clientes al margen de la cercanía geográfica en algunos casos. A igual de condiciones y precios (que además en muchos casos caen a favor de las grandes superficies o de la ‘tienda’ online) resulta lógico que el usuario opte por lo más barato o por lo que le sea más cómodo, y esto rara vez es la tienda tradicional para determinado tipo de compras. Quizás el trato humano y el punto de asesoramiento personal puedan ser los elementos más diferenciadores, pero incluso este último tiene competencia a través de las redes sociales y los comparadores de precios de internet.

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Imagen – Javier Carpio

La crisis del comercio minorista autónomos es cada vez más difícil de sobrellevar y con ello deben cerrar definitivamente cada vez más comercios.

El pedido parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) que con urgencia solicitan al Gobierno español que acaba de anunciar el adelanto de las elecciones, que aplique una serie de medidas que pongna freno de una vez la caída de las ventas del comercio minorista aún con el calendario de rebajas activo, y que igualmente ya acumula 1 año de continuos descensos, en el pasado mes de Junio retrocedió hasta el 7,4%, todo un dato que muestra a las claras la crisis del sector.

Las ventas de los comercios familiares y de proximidad también vienen cayendo hasta en un 8,7% este número corresponde a las empresas unilocalizadas y una caída del 12,1%, las pequeñas cadenas, en cuanto al comercio ya ha perdido unos 272.548 empleos en el régimen general y en el colectivo de autónomos que debieron cerrar perdieron 112.118.

UPTA muestra los números dónde puede verse que las ventas en los comercios autónomos cayó un 7,1% durante 2011, y puede seguir cayendo tranquilamente más.

Si se miran los datos más hacia atrás, desde inicio de 2009, el acumulado es de más de 30.000 pequeños comercios cerrados. Si bien hoy por hoy aguanta demasiado bien el comercio autónomo ya que su tasa de paro no es tan alta como debería ser, al tener solamente una caída del 0,1% en los priemros 6 meses del año.

Imagen: venelogía

En un momento de contracción brusca de la demanda interna, las empresas españolas están haciendo de la necesidad virtud e iniciando un camino de internacionalización que les producirá pingües beneficios, no ya sólo en el corto-medio plazo, sino en cuanto a la sostenibilidad en el futuro más lejano.

Una internacionalización que se está concentrando en la Unión Europea (66,8% de las exportaciones españolas se centran en los 27 países miembros de la Unión), por la simplificación de trámites en general y la facilidad de una misma moneda para los países miembros de la zona Euro.

Sin embargo, los problemas que algunos de los países miembros de la Unión Europea están padeciendo no son ajenos a las empresas españolas, que se están encontrando con problemas a la hora de cobrar sus facturas por los productos exportados al extranjero, en especial, los que tienen destino Italia o Portugal.

Concretamente, un 16% de las empresas españolas han informado de estos problemas de cobro en todos los países, pero centrados en los dos anteriormente mencionados. Aunque las empresas encuentran otro tipo de obstáculos, más administrativos, a añadir a los de cobro, en Alemania, Francia o Reino Unido, por ejemplo.

Este alargamiento en los pagos, que en algunos casos llega a los 120 días, está provocando situaciones de apalancamiento, sin liquidez con la que poder hacer frente a los pagos del día a día de las empresas.

Por otro lado, el sector que más problemas arrastra a la hora de exportar, es el agrícola, seguido del de transformados y bebidas, y un poco más atrás el de bienes de equipo.

Un problema surge de la propuesta en cuanto al horario comercial del pequeño comercio ante la propuesta de abrir más hora para impulsar el consumo algo que rechazan los comerciantes.

Desde la Confederación Española de Comercio (CEC), salieron a resaltar que los pequeños y medianos establecimientos les será sumamente difícil sobrevivir ante la futura ampliación de horarios comerciales.

Ya que por el contrario no logrará con esto reactivarse el consumo como busca el Gobierno. Pero sí que se apliquen diferentes rebajas fiscales.

Además de que el sector del comercio especializado todavía y por suerte no llegó a tocar fondo, si se vería a las puertas de esto si se extendieran los horarios y el se ampliaran las aperturas en días festivos.

Todo esto se da en medio de las medidas que busca aplicar el Gobierno en el sector y que modificará la regulación de los horarios comerciales. Aunque la ampliación sería para las zonas de una mayor afluencia turística, y que deberían extender sus horarios algo que también les traerá un incremento en el consumo de luz.

Pero también surge la dificultad, de saber cuales son exactamente las zonas referidas de gran afluencia turística. Por lo que les quedará a los Ayuntamientos el requerir las Comunidades Autónomas cuales son dichas zonas. Mientras que, las regiones, deberán fijar las horas semanales hábiles y los domingos y festivos en los que podrán abrir los comercios.

La misma CEC estima como injustificada el ampliar horarios comerciales, ya que con las 12 horas diarias que se distribuyen en 6 días a la semana bastan, mientras que los establecimientos que posean menos de 300 metros cuadrados les asisten el derecho de abrir cuando lo deseen.

Además un 90% de los empresarios del comercio se corresponden a autónomos, un 62% del empleo en el comercio especializado es del sexo femenino y el 20% juvenil.

Así y todo es de los pocos sectores que menos empleo llegó a destruir solamente se perdieron a partir de iniciada la crisis 200.000 puestos de trabajo, y a la vez un 10% de los establecimientos debieron cerrar o en todo caso despedir a empleados.

Imagen: Google

Los Premios Nacionales de Comercio Interior, creados en julio de 1997, tienen como objetivo fundamental premiar las labores de los Ayuntamientos en sus actividades de renovación urbana comercial, y galardonar el esfuerzo de los pequeños comercios en su labor de desarrollo comercial y modernización.

El pasado 9 de abril, el Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria de dichos premios para el año 2011, que se reparte en tres modalidades diferentes:

.-  Premio Nacional a Ayuntamientos, destinado a premiar las actuaciones de renovación urbana comercial en el centro de las ciudades.

.-  Premio Nacional al Pequeño Comercio, que premia el desarrollo comercial y la modernización empresarial a través de la mejora de la tecnología y la asociación o fusión de empresas.

.-  Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos, destinado a premiar el asociacionismo comercial orientado a la promoción de Centros Comerciales Abiertos, y la potenciación y desarrollo de sus órganos gerenciales.

Entre todas las candidaturas presentadas se realizará una comparación en función de cumplimiento de los criterios de valoración, pudiendo otorgarse hasta un máximo de 150 puntos.

Los Ayuntamientos que presenten su candidatura deberán tener en cuenta que se valorará especialmente el haber realizado mejoras urbanísticas durante los últimos cinco años, la realización de planes integrales de mejora del equipamiento comercial, la mejora de la accesibilidad global, las actuaciones sobre los locales comerciales y las actuaciones sobre el mobiliario urbano.

Para el Pequeño Comercio se valorará especialmente la búsqueda de mejoras e innovaciones en el comercio que faciliten el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa y que mejore la competitividad de la misma.   Por lo tanto, se tendrá en cuenta la introducción de las nuevas tecnologías en el proceso de comercialización, la incorporación de Internet en los procesos cotidianos, la mejora de la imagen de la marca, los procesos de formación continua que repercutan directamente en la satisfacción del consumidor, el aumento de la dimensión empresarial y la mejora de los procesos de comercialización.

Respecto a los Centros Comerciales Abiertos, se valorará especialmente  a aquellos que potencien su desarrollo a través de actuaciones de creación y consolidación de unidades gerenciales dependientes del Centro Comercial.